Nuestra Bandera:
Vladimir Cerrón (*) La mafia en el otorgamiento de licencias de conducir debe ser la modalidad de corrupción más antigua y vigente en el país, no la defendemos, la combatimos y la despreciamos. Lima es el mayor emporio, seguido absolutamente de todas las regiones; de esto pueden dar fe los transportistas y todos los que tengan un vehículo de conducir. La pregunta es, ¿por qué a Junín, el gobierno central, la policía y las instituciones de justicia, le han puesto la puntería después de la segunda vuelta electoral donde Perú Libre (PL) era el favorito? Porque querían tirarse abajo las preferencias electorales de Pedro Castillo. Antes del shock recibido por la derecha, ante el triunfo de PL en primera vuelta, no existía mayor interés en combatir la corrupción de licencias de conducir, Junín no existía ni siquiera en el mapa, porque este es un fenómeno nacional actual, liderado por personal nombrado, sobre todo en la capital, sede de las instituciones tutelares de justicia. A los pocos días de lograr PL el triunfo en primera vuelta, arribaron a Huancayo dos equipos de la Diviac, seis fiscales y una procuradora que los comandaba, solicitando todos los procesos legales contra Cerrón, solicitando agilidad y sugiriendo prisiones preventivas; pero, como no tenían los cabos para atar, indagaron una investigación por lavado de activos y se dieron con la sorpresa de que no hay desbalance patrimonial y que el fiscal había solicitado el sobreseimiento. Entonces tenían que pensar en otra cosa. Con la cara de legalidad para combatir una mafia de licencias de conducir que nacionalmente “solo” sería en Junín, se recurrió a un operativo montado hace tiempo de interceptaciones telefónicas, aún no se sabe si legales o ilegales, con fines de pesquisa política, para averiguar si el candidato o los dirigentes de PL están ligados al Movadef, al financiamiento extranjero venezolano, al financiamiento desde el VRAEM, al financiamiento desde la corrupción estatal regional y a escándalos de otra índole. El fin: demostrar que el gobierno regional de Junín o los rezagos senderistas financian la campaña de Pedro Castillo, desprestigiarlo y restarle votos.La orden de detención y allanamiento se dio el 3 de junio, sospechosos 3 días antes de las elecciones de la segunda vuelta, para boicotear el triunfo de PL. ¿Hubiera dado resultado? Claro que sí, porque con la batería mediática derechista fácilmente podrían haberle restado a Pedro Castillo más de 100 mil votos…
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