Izquierda Unida:
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España han registrado ante el Tribunal Constitucional, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, un recurso de amparo contra los sucesivos y reiterados rechazos del Tribunal Supremo a todas las actuaciones previas que han emprendido durante meses ante la Sala Penal del alto tribunal para que abriera una investigación formal al actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y a otras personas que formaban parte de su entorno por presuntos delitos de corrupción. El argumentado recurso presentado consta de 100 páginas. Sus autores consideran que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales, entre ellos a que “se siga una investigación eficaz y efectiva por parte del órgano judicial competente”, además de incurrir en una clara “dejación de funciones” frente a las sucesivas denuncias recibidas sobre los presuntos hechos delictivos cometidos por el ex jefe del Estado y personas allegadas, de cuyos detalles han informado también durante años los medios de comunicación. Para PCE e IU, el Tribunal Supremo no ha respetado sus derechos, entre otras actuaciones, “con su actitud renuente a iniciar cualquier acción que pueda ‘molestar’ al rey emérito”. La querella inicial y las ampliaciones que presentaron estas formaciones solo dio pie a que el Supremo etiquetara la causa especial Nº 21092/2018. Sin embargo, nunca se sustanció en investigación concreta alguna y solo sirvió para que el alto tribunal acumulara bajo ese número los autos donde rechazaba todas las actuaciones solicitadas sobre Juan Carlos de Borbón, su amiga y empresaria comisionista Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein), el comisario de policía jubilado y ahora excarcelado a la espera de juicio por otros casos José Manuel Villarejo, así como otras cinco personas del entorno del emérito. IU, PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda detallaron durante meses los indicios sobre actuaciones irregulares que aparecían, algunos de ellos confirmados más tarde incluso por la Fiscalía, y donde el anterior jefe del Estado tenía un claro protagonismo. Estas actividades presuntamente corruptas abarcan desde los pagos de la fundación Zagatka, al uso de tarjetas con fondos opacos, pasando por el cobro de comisiones por la adjudicación de la AVE a La Meca, las cuentas en Suiza y en paraísos fiscales vinculadas a otras fundaciones, el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro, hasta llegar a las, por el momento, dos regularizaciones fiscales ideadas por Juan…
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