FARC-EP Segunda Marquetalia:
Considerándose dueña de la fuerza pública y la justicia -que hasta ahora le han sido dóciles- la oligarquía en el poder, llena de arrogancia, no cesa de lesionar los derechos de las inmensas multitudes. Con las armas y las leyes como garantes de su impunidad, le importa un pepino que la gente impugne las decisiones desvergonzadas de su justicia. Están compenetrados con la idea errónea de que pueden hacer lo que les venga en gana con el país. Por eso descaradamente la Fiscalía General, arrojando al cesto de la basura los argumentos de la Corte, pide preclusión para un criminal de siete suelas como Uribe Vélez y compulsa copias contra el senador que lo acusa por pagar testigos falsos a su favor. Esa acusación es apenas la punta del iceberg del gran universo de crímenes del mafioso genocida, que siempre actuó como jefe supremo del paramilitarismo, del despojo violento de tierras, del desplazamiento forzado de campesinos, de los falsos positivos y de la corrupción. Causan indignación las recientes decisiones judiciales que refrendan el sentimiento popular de que, «la justicia es solo para los de ruana», para los pobres, y que solo opera para garantizar la escandalosa impunidad de intocables delincuentes de cuello blanco. Envían policías a quemar buses para luego acusar de terroristas y vándalos a las Primeras Líneas y a jóvenes en protesta, pero cuando les descubren la maniobra sucia, mandan a silenciar los medios que habían alborotado. Y no se vuelve a hablar más del patrullero incendiario ni de los vándalos con charreteras y autoridades que ordenaron incinerar el bus. Frente a la corrupta ministra, Karen Abudinen, cuota de los Char, que acaba de apropiarse en concierto con el consorcio Centros Poblados, de 70 mil millones de pesos del erario, dejando a niños de escuelas rurales sin internet y sin alimentación, la justicia y los órganos de control no dicen ni mu. Y el Duque sale a defenderla y sale con el disparate de que va a contratar una investigación -dizque internacional- para esclarecer qué pasó. Finalmente se inventaron que conminado al consorcio a devolver la plata, la señora puede salirse con la suya, sin persecución judicial, como si nada, y gozando de la más absoluta impunidad. En cambio, a EPA COLOMBIA, por romper, en medio de la protesta nacional, una registradora de Transmilenio y unos vidrios, la condenan a 5 años de cárcel. El magistrado Efraín Adolfo…
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