Izquierda Unida:

Hoy 28 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, desde IU queremos denunciar el estigma que esté continua teniendo en nuestra sociedad y como se incumple el acceso a todas las mujeres que lo necesiten. El derecho a una maternidad libre y responsable ha sido una constante en el movimiento feminista que se dejó la piel para evitar la reforma que pretendía realizar el PP de la mano de Gallardón y que llevó a su dimisión. Desde IU trabajamos y denunciamos la necesidad de que la Interrupción voluntaria del embarazo fuera un derecho que no necesitara de tutelas y que la maternidad fuera una opción que no pusiera en riesgo la vida de las mujeres ni sus proyectos vitales. También trabajamos junto al movimiento feminista para que la ley que regulaba el aborto incidiera en varios aspectos que se quedaron pendientes como que la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) dejará de estar tipificada como delito dentro del Código Penal, y pasará a estar regulada como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo y a decidir sobre su maternidad. Así como que la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo se garantizara a través de la red sanitaria pública para lo que era necesario una regulación de la objeción de conciencia que precisara sus límites y que que no pudiera ser invocada de forma colectiva por los centros sanitarios, garantizando que todos los centros públicos dispusieran de los equipos necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres, de forma que la objeción de conciencia de los profesionales no fuera un impedimento para el acceso de la mujer a una IVE como está sucediendo. Estos aspectos que no se consiguieron, nos ha llevado a la situación actual que supone el incumplimiento de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo , que aunque reconoce «a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan». Miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada año a desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad autónoma debido a que los servicios de salud no llevan a cabo esta práctica sanitaria en los lugares en los que viven. Una discriminación geográfica que se da de diferentes formas y a la…

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