Izquierda Unida:
Unidas Podemos ha dejado prácticamente cerrado el acuerdo con el Grupo Socialista para derogar los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’, que impuso el Partido Popular en 2015 durante su etapa de Gobierno. Tal y como ha explicado hoy Enrique Santiago, portavoz adjunto del Grupo Confederal de Unidas Podemos y encargado de encabezar las negociaciones con el PSOE, estos cambios “impulsan” el acuerdo de gobierno de coalición y servirán para “recuperar el pleno derecho” a reunirse y manifestarse “como corresponde a un Estado democrático”. El acuerdo, que se plasmará en los próximos días en enmiendas parciales al texto base de reforma que está en el Congreso, saca del articulado de la ley las denominadas ‘devoluciones en caliente’ de personas migrantes, incluidas en su día por la derecha, así como otras referencias a temas de extranjería y las devuelve al ámbito legislativo que les corresponde. Todo ello deberá completarse en una fase de negociación y de desarrollo normativo posterior con una referencia clara y específica a que “cualquier disposición siempre será conforme a lo establecido en los convenios internacionales” suscritos por nuestro país. Además, se reducirán las multas que se consideren excesivas y se aplicarán “criterios de proporcionalidad” para ajustarlas a la “capacidad de ingresos de las personas sancionadas”, así como a su edad, en el caso de personas más jóvenes. Enrique Santiago puso el ejemplo de que se busca evitar “casos como los que han padecido pensionistas”, sancionados mientras reclamaban mejoras de sus prestaciones con multas que en ocasiones eran iguales o superiores a su pensión mensual. En esta misma línea, Unidas Podemos ha insistido en que las posibles sanciones que se den sean “de índole restaurativo” o el resultado de la conciliación “entre la persona autora o la persona o institución ofendida”. En todo caso, en el expediente debe primar la “resocialización por encima de la sanción”, además de que se eliminará la “limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario”. Para garantizar el derecho a manifestarse se elimina la obligación de comunicar previamente cualquier manifestación, con más motivo para aquellas donde no haya desórdenes públicos, y se deja este requisito solo para aquellos eventos “previstos y previsibles” con antelación, por lo que dejarán de aplicarse las sanciones que rigen ahora para todas las no comunicadas. Lo mismo pasa con el “derecho fundamental a reunirse…
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