Izquierda Unida:

Izquierda Unida expresa, lamentablemente, que no le sorprende que la Fiscalía del Tribunal Supremo dé carpetazo a unas supuestas investigaciones sobre el todavía rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y que renuncie a plantear una querella criminal por las actividades ilícitas que ha llevado a cabo de forma continuada, de las que se conocen públicamente multitud de datos desde hace años, de las que los medios han informado profusamente y cuya existencia reconoce hasta la propia Fiscalía de forma estéril, reforzando así la imagen de impunidad que sobre determinadas personas y hechos se repite en España. Izquierda Unida ha denunciado de manera reiterada que las instituciones judiciales y la Fiscalía han trabajado de forma opaca a la hora de abordar las responsabilidades penales del anterior jefe del Estado. Esto ha sido así a pesar de que se han acumulado innumerables pruebas e indicios sobre el carácter ilícito y penalmente relevante del proceder de Juan Carlos de Borbón. Esta actuación desde las instancias judiciales y la Fiscalía responde exclusivamente al ánimo de proteger al rey emérito y a la institución monárquica. Existen, además, fundadas sospechas de que Juan Carlos de Borbón pudo recibir información privilegiada sobre el inicio y evolución de dichas actuaciones, lo que habría utilizado para anularlas, como se puede comprobar ahora en la práctica, a través de regularizaciones millonarias ante la hacienda pública de nuestro país de importantísimas cantidades de dinero cuya procedencia nunca ha sido aclarada suficientemente. Izquierda Unida ha llamado la atención durante meses sobre la insuficiencia y el descrédito de esas supuestas investigaciones, toda vez que nunca tuvieron valor de investigación judicial en el procedimiento penal español al carecer tanto de capacidad para adoptar medidas personales, de capacidad para delimitar la labor que podrían realizar los juzgados y tribunales, y de valor de cosa juzgada. El archivo definitivo que realiza ahora la Fiscalía evidencia la pérdida de tiempo que han supuesto unas actuaciones que, en la práctica, solo han servido para alcanzar la prescripción judicial. Es sorprendente que en la información facilitada por esta misma Fiscalía, y en una muestra más de opacidad, no se hagan públicos los decretos de archivo de la Fiscalía ni sus actuaciones, se indique que están prescritos los delitos fiscales y otros que pudieran haberse cometido entre 2008 a 2011, y que respecto al de 2012 la propia Fiscalía se arrogue la capacidad de interpretar si le es aplicable a…

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