Por: Heidy Sánchez(*)

Hace poco denunciamos en debate de control político, en el Concejo de Bogotá, cómo la estrategia del distrito de brindar seguridad combatiendo la pobreza no está siendo del todo eficiente, no por la concepción de la estrategia en sí, que compartimos por ser la base de lo que denominamos seguridad humana, sino porque no se está combatiendo efectivamente la pobreza en la ciudad, veamos.

El 5 de enero de este año la alcaldesa mayor hizo un balance de cómo estaba el distrito afrontando una de las mayores preocupaciones (aún) de la ciudadanía: la inseguridad. La mandataria parte de una tesis que desde la UP compartimos: que la mayor vulnerabilidad social es un factor que propicia la delincuencia y multiplica los hechos delictivos.

En esta tónica, anunció que había 6 componentes mediante los cuales se estaba combatiendo la delincuencia y garantizando seguridad a los capitalinos: Recuperación económica,disminución de la pobreza, refuerzo de la policía en la ciudad, desarme, trabajo con la comunidad y reforma legal para disminuir la impunidad, que ha sido elogiada y celebrada por la administración capitalina.

Pues bien, analicemos cómo el distrito está combatiendo la pobreza como estrategia para brindar seguridad, formulación que, repito, compartimos desde esta bancada. Sabe muy bien la administración que, ya los índices de pobreza (monetaria, extrema y multidimensional) venían en un serio retroceso desde la administración pasada, producto de las políticas de quienes creen que la pobreza se combate llenándoles el bolsillo a los ricos con contratos, y que estas cifras se agravaron aún más en medio de la pandemia del COVID-19:

Según la subsecretaría de información y estudios estratégicos de la secretaría de planeación estima que para noviembre del 2021 la pobreza extrema se encuentra en un 9.9% lo cual logró disminuir en un 3.3%, eso, de entrada, ya es menos optimista de lo que se nos planteaba en enero, en donde se nos dijo que para 2021 esa cifra estaba en 8,4%, en todo caso, la intangibilidad y falta de certeza sobre estas cifras, no nos dan un panorama totalmente claro.

Asimismo, es importante anotar que, según la Contraloría, las acciones del gobierno Peñalosa que se relacionan con el combate a la pobreza fueron ineficaces. Además, no hay mecanismos de monitoreo y seguimiento. El problema es que en esta administración se mantiene el mismo problema, en la matriz de asociación, en el ODS 1 se incluyeron sólo 5 de las 20 localidades y «no se encontraron los suficientes argumentos para demostrar la gestión que ha desarrollado para lograr cumplir con efectividad las acciones formuladas». Eso significa que no corrigieron el error del que venía la administración anterior.

Lo que sí es claro es lo que ha venido desarrollando el distrito, frente a lo cual tenemos, por lo menos una diferencia de enfoque, en nuestra opinión, los esfuerzos de subsidio e impulso que la administración ha hecho se enfocan fundamentalmente en los sectores económicos formalizados, que no son los más vulnerables, ni necesariamente los que vinculan a más personas, se deja de lado la economía popular, lo cual le impide a una muy importante porción de la población en Bogotá acceder a estos mecanismos de impulso.

Empecemos con la secretaría de desarrollo económico: en general, lo que hace la secretaría es apalancar, ponen un monto para permitir créditos y desembolsos mucho mayores. Eso, en principio está bien, lo que hay que verificar son las condiciones del crédito, si son pagables, duraderos, etc. Aun cuando parece haber un recuento general de los sectores económicos que se vienen recuperando, se nos dice que este recuento no está discriminado por localidades ¿Cómo se hace entonces para dirigir los recursos a los sectores más afectados de la ciudad?

Muestra de las consecuencias de este mal diagnóstico es que en líneas de crédito como “Bogotá responde”, los desembolsos más cuantiosos se hicieron para las localidades de Chapinero y Usaquén, no son exactamente las más necesitadas. Lo mismo pasa con la línea de crédito “Bogotá adelante” en donde, además, se tiene como requisito tener certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio o si no se tiene, que ya una entidad financiera le haya otorgado un crédito.

Si bien “Bogotá a cielo abierto” viene generando efectos positivos para sus beneficiarios, sigue siendo un subsidio que no se enfoca en las personas más vulnerables, pues para los artesanos y comerciantes informales se dice que se asignan espacios conforme al decreto 552, que no reconoce la venta informal como una actividad permitida. Y por último, sin bien el “Fondo emprender” sí está dirigido para personas no formalizadas, Las cifras en términos de beneficiarios son mínimas, en comparación con los miles de beneficiarios formales.

En cuanto al IDU, según la entidad a 2022 se van a generar 37.951 empleos, con la apertura de nuevos frentes de obra y la continuidad de los que ya venían trabajando, sin embargo, encontramos que por frentes de obra en 2020 se generaron 13.585 empleos, y en 2021, 4.864 empleos. Por lo que, aún si sumamos estas cifras a la meta de 2022, este año el IDU tendría que duplicar lo que ya está haciendo en toda la ciudad para cumplir con lo prometido.

Algo similar pasa con las estrategias lideradas desde la Secretaría de gobierno: se pone al mismo nivel de ejecución la localidad de Usaquén y la localidad de Ciudad Bolívar. Para Ciudad Bolívar se inscribieron 420 pequeñas y microempresas y se eligieron 58 y para Usaquén se inscribieron 278, de los cuales se eligieron también 58 pequeñas empresas, para recibir el incentivo de diez millones de pesos. Es evidente que se pone en el mismo nivel de vulnerabilidad a estas 2 localidades de las cuales Usaquén no es precisamente la más vulnerable.

Así, aunque compartimos la formulación de que la mejor estrategia de seguridad es combatir la pobreza, hasta el momento no creemos que esto se esté haciendo de la manera más eficiente posible, no necesariamente se está apoyando a quienes más lo necesitan y la información es muy vaga como para afirmar que con esto se está reduciendo la pobreza, con lo cual, difícilmente se logrará cumplir con las metas a las que se comprometió la administración en enero de este año.

(*)Abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y concejal de Bogotá.

Fuente: Cuarto de Hora

Fuente: Partido Comunista Colombiano