Reinaldo Quebrada Quilcué

Envían a la cárcel a gobernador indígena por delitos ambientales y hacer uso de la justicia indígena con soldado vinculado al asesinato de un campesino entre el Meta y Caquetá.

A don Reinaldo Quebrada Quilcué entre los múltiples delitos que le imputan está el de secuestro extorsivo y todos los daños relacionados que esto conlleva, por el hecho de ejercer su autoridad indígena y evitar que una turba molesta de personas que, ante el asesinato de uno de sus compañeros en el marco de la Operación Artemisa, quisiera hacer justicia con sus propias manos.

El cabildo indígena de La Esperanza está ubicado en la vereda El Triunfo, un territorio donde las fronteras son invisibles: del puente hacia un lado se supone que hace parte de La Macarena, Meta, y seguidamente ya es territorio de San Vicente del Caguán. Territorios tan alejados derivan en que ni un municipio ni el otro terminen haciéndose cargo, solamente cuando ocurren este tipo de hechos donde las instituciones se ponen de acuerdo y según la cercanía, asumen la responsabilidad y/o acompañamiento.

El 05 de marzo del año en curso mi celular se inundó con denuncias de un tema al que llevo haciéndole seguimiento un buen tiempo: dos casas incineradas y cinco personas capturadas dejaba hasta ese momento como resultado la Operación Artemisa en esta vereda entre el Meta y Caquetá. Es decir, volvía a ocurrir el terror para las familias que ya el 18 de septiembre del 2021 habían vivido lo mismo, pero aquella vez fueron cuatro las casas incineradas y cinco familias representadas en 12 personas se quedaron sin hogar.

Este año se había puesto en marcha la catorce fase de la Operación Artemisa, la cual fue creada en el 2018 con el propósito de frenar “la hemorragia deforestadora” -en palabras del presidente Duque- y así proteger los Parques Nacionales Naturales y áreas protegidas. No obstante, las comunidades han venido denunciando múltiples hechos de violaciones de derechos humanos que, van dejando tras de sí, interrogantes respecto a si realmente dicha campaña está llegando a los reales deforestadores y no solo está poniendo el peso de este delito al campesinado.

Una de las casas destruídas en el marco de la Operación Artemisa en El Triunfo. Foto: Lina Álvarez

En lo corrido de este año El Cuarto Mosquetero había podido recepcionar denuncias entre el Meta y el Guaviare -como en Caño Yeimy en Gorgona- donde la comunidad ya había empezado a reaccionar ante estos operativos que consideraban arbitrarios y habían bloqueado a 12 soldados hasta que llegaran las instituciones a dialogar. Fue en ese momento cuando organizaciones sociales empezaron a reiterar que la gravedad de los hechos estaba escalando en proporciones que podrían terminar hasta con personas muertas. Todo quedó ahí. Fue así como el 05 de marzo se habla nuevamente de casas dinamitadas y personas capturadas, pero esta vez la comunidad se fue en busca de los militares que seguían en la zona -en la vereda El Diamante- para exigirle la liberación de sus compañeros y que pararan los ataques al campesinado y población indígena.

Fuente: CRIC 

Fuente: Partido Comunista Colombiano