Visita humanitaria para verificar masacre en Putumayo. Foto Diana Sánchez Lara

Tres días duraría el bazar que habitantes de la vereda El Remanso y otras veredas del municipio de Puerto Leguízamo, habían organizado con el fin de recoger fondos. Al menos 200 habitantes participaron del evento en el que, al amanecer del 28 de marzo, hombres del Ejército Nacional, fuertemente armados, encapuchados y vestidos de negro, irrumpieron en la caseta comunal y en medio de intimidaciones contra la población, produjeron una masacre en la que murieron 11 personas en estado de indefensión y en su mayoría, en una fase de alicoramiento por los días de celebración

Carolina Tejada
@carolltejada

La única forma de ingresar a la esponjosa zona verde de Puerto Leguizamo es por vía aérea y acuática sobre el rio Putumayo.  Es una zona fronteriza que comunica el territorio con los vecinos del Ecuador y Perú. Por lo tanto, estratégica para los grupos armados y del narcotráfico que se disputan, de manera más aguda desde la firma del acuerdo de paz, el control de la zona. Es un territorio olvidado, en donde la nula presencia del Estado tiene sin garantía de derechos al conjunto   de la población campesina e indígena, quienes habitan allí compartiendo el territorio, en medio de cultivos de uso ilícito, como salida económica de la gente a la precariedad en la zona. También hay cultivos de pan coger y la pesca que no son parte de la dinámica económica de sus habitantes, sino del complemento del sustento familiar y, la ganadería que está creciendo sobre las riveras. Esta población también comparte la violencia que se cierne sobre ella en una disputa entre ejércitos regulares e irregulares.

Las diversas versiones

El Ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, desde su cuenta de twitter, ese 28 de marzo, aseguro; “Gracias a operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, que continúan en desarrollo, contra disidencias de las Farc, neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo…” #ConTodasNuestrasFuerzas el ministro llamaba a proteger a Colombia. El operativo como él lo denomina: “no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales…”. Quien llevo a cabo la “operación ofensiva” del Ejército, fue el general Édgar Alberto Rodríguez, jefe del Comando Conjunto #3 quién está implicado en casos de falsos positivos mientras estuvo en el Huila.  (aquí no es punto aparte)

Mientras el triunfalismo del Ejercito se vociferaba desde la capital en redes sociales y medios de comunicación afines al gobierno. Las comunidades campesinas e indígenas denunciaban la otra cara de la moneda. Había sido una masacre infame perpetrada por el Ejército.

La comunidad denuncio que quienes se encontraban en la caseta estaban amanecidas cuando llegaron más de 20 hombres de negro y encapuchados, y al mejor estilo de las acciones paramilitares en el país, las agredieron y comenzaron a disparar de manera indiscriminada. Las personas corrieron para salvaguardar su vida. No hubo ninguna acción de respuesta militar, ni de confrontación que justificara la arremetida. A quema ropa mataron a la gente. Decían.

Tras estas advertencias, el Senador Iván Cepeda exigió respuestas de los altos mandos militares y del Ministro de Defensa, sin embargo, el senador comento que; “el general Zapateiro grita respuestas que eluden explicaciones sobre la masacre perpetrada por el Ejército en Putumayo. No dice nada de fondo ni explica serenamente lo ocurrido. Es evidente que oculta la responsabilidad por lo ocurrido…”. Y así ha sido. Por ello se conformó una comisión de acompañamiento a la zona, organizaciones defensoras de los DDHH, con Defensoría del Pueblo, y algunos medios de comunicación llegaron al lugar para conocer de mano de las comunidades lo ocurrido.

En conversaciones con una de las defensoras de los DDHH de la región, Yuri Quintero, quién ha sido amenazada por los grupos armados en diversas ocasiones por denunciar las arbitrariedades contra la población, menciono que; “La comunidad si se encontraba en un bazar y amanecida, mucha gente en un estado de alicoramiento alto” producto de la celebración que haba iniciado el día 26. Y, que, “No se puede negar que en esta zona de la región hay actores armados. Pero nada justifica una acción de esas”, y reflexiona: “nos encontramos con una masacre, con un crimen de Estado, con una ejecución extrajudicial. Intentaron mostrar que todas las personas asesinadas eran pertenecientes a un grupo y quisieron mostrar una confrontación con otro actor armado que realmente nunca la hubo”.

Las escalofriantes denuncias

Múltiples fueron las denuncias que se recogieron en el lugar, en medio del miedo y las prevenciones la gente contó que primero llegaron vestidos de negro, con los rostros tapados, gritando a las personas, decían que eran de un grupo armado y preguntaban por la guerrilla. Los habitantes les piden que no le dispararan a la gente que se encontraba en la caceta, que eran civiles. Pero no importo. Cuando escuchan el helicóptero y las pirañas, les insistían: “no disparen, ustedes están aquí y van a tirar bombas de arriba”. Cuando el helicóptero aterriza ven que los hombres de negro, que ya habían disparado a quema ropa contra la gente, se ponen el otro traje, el del Ejercito, e ingresan al caserío. Las personas asustadas les decían “todos ustedes nos están matando. ¿Por qué nos están matando si son el ejército y ustedes tienen que cuidarnos?”.

Había personas heridas y otras más muertas. Una de las mujeres que había quedado herida era la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal, ella en medio de la situación había corrido para salvar su vida, pero una bala la alcanzo a la orilla del rio, allí cayó pidiendo ayuda. Sin embargo, el Ejército, ya con su camuflado la remato en el piso mientras los habitantes miraban. Ana María Sarria era su nombre, era evangélica, dice la comunidad que corrió y murió con su biblia en la mano.

En el caso del presidente de la junta también se recogieron denuncias. El señor, cuentan los sobrevivientes, corre al igual que todo el mundo para esconderse detrás de una palma grande del caserío. Él, recibió un disparo en la frente a larga distancia. Atando cabos, comenta Quintero, que: “la gente nos dice que en algún momento por la radio les decían a los soldados “con el franco, con el franco”. Entonces suponen que la orden fue que como el presidente corrió y se escondió y en ese lugar lo único que lo alcanzaba era el francotirador, pues la orden fue disparar. Es decir, la fuerza pública usó su inteligencia militar para hacer caer a un posible cabecilla del cual tenían información, pero terminaron asesinando un presidente de junta. Y por una mala información se dan el gusto de ir matando. Eso lo han hecho en otras épocas”.

(aquí si puede ir punto aparte) Al Gobernador Indígena, lo recogieron muerto y lo llevaron a la cancha, un polideportivo de cemento que tiene la comunidad, y “estando ahí en el piso le ponen armas mientras decían que era un guerrillero. La gente veía como el ponían armas y le tomaban fotos”. Comenta Quintero.

Medicina Legal identifico de la masacre a; el presidente de la JAC, de la Vereda Remanso, Divier Hernández Rojas y su esposa, Ana María Sarria Barrera; un menor de 16 años, Brayan Santiago Pama; el gobernador del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche y Oscar Olivo Yela. Algunas de las personas heridos fueron identificadas como Willinton Galíndez, Vanessa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade. Una de ellas en estado de embarazo.

“De la mano con esto te digo”, dice la líder, “la comunidad fue victima de tortura psicológica, de maltrato verbal, de maltrato físico, los niños y niñas que se encontraban allí fueron sacados de sus casas y obligados a sentarse en el polideportivo y aguantar sol por mas de tres horas, esos son acciones que no responden a la sustentación de un supuesto operativo que ellos dicen”.

Estos casos, menciona Quintero, son similares a los presentados en el corregimiento de Yurilla en años anteriores. Con la diferencia de que el acompañamiento humanitario no pudo ingresar a la zona para verificar las denuncias de las comunidades. La población exige justica sobre los hechos.

Fuente: Semanario Voz

Fuente: Partido Comunista Colombiano