Enrique Santiago aclara al comisario europeo de Justicia que el debate real en España “no es la renovación del CGPJ, sino el incumplimiento de la ley y la Constitución por el PP y sus vocales”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha aclarado esta tarde en el Congreso al comisario europeo de Justicia y Consumo, Didier Reynders, que el verdadero debate que está teniendo lugar en España “no es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino el cumplimiento de la ley y de la Constitución”, algo que “se niega a hacer el Partido Popular desde hace cuatro años”.

Santiago ha expuesto a Reynders con toda crudeza durante su comparecencia en el Parlamento español las maniobras políticas y actuaciones ilegales del partido que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo y de los vocales judiciales nombrados por la derecha para eludir sus obligaciones legales y mantener el control tanto del máximo órgano de gobierno de los jueces como del Tribunal Constitucional.

El dirigente federal de IU explicó al comisario europeo que “el pretexto del PP para incumplir la ley es que reclama una reforma legal que no es apoyada por una mayoría parlamentaria. Una coacción inaceptable en democracia”.

“Estamos -valoró- ante algo que se parece a un auténtico golpe de Estado blando, una actitud sediciosa para impedir la aplicación de la ley. Hay una clara coordinación entre el Partido Popular y el núcleo judicial conservador del Consejo General del Poder Judicial, que trabajan de forma coordinada para incumplir el mandato constitucional”.

En un tono tan didáctico como firme, Enrique Santiago indicó a Didier Reynders que “no es cierto que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se haga al margen de los jueces” y le recalcó que “usted sabe que son las asociaciones judiciales las que recogen los avales necesarios sin los cuales el juez no puede presentarse para ser elegido vocal del Consejo. Es decir, los jueces eligen a los jueces candidatos a ocupar 12 de los 20 puestos del CGPJ”.

“En Bélgica, como ya hemos hablado, el Consejo del Poder Judicial solamente tiene un tercio de jueces; no creo que deje de ser independiente”, puso a modo de ejemplo.

De ahí que apuntará con toda claridad que “pretender que no intervenga la soberanía popular para elegir el órgano de un poder del Estado, de los tres poderes en los que consiste la separación de un Estado, es equivalente a defender un modelo corporativo donde sea solo un cuerpo del Estado el que elija un poder del Estado. Eso tiene un nombre, lo más parecido al sistema corporativo del fascismo italiano o del franquismo español”.

Para Enrique Santiago, “la independencia judicial en España es el resultado de un mandato legal contenido en la Constitución y en la ley, y no depende de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial”. Destacó que “depende del ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces de forma independiente, es decir, en España hay independencia judicial porque los jueces ponen las sentencias sin interferencias”.

Pese a parecer obvio, recordó ante lo que está ocurriendo desde 2018 que “en un Estado de Derecho todos tienen que cumplir la ley, también los partidos políticos. El principio de legalidad prevalece sobre los antojos. La ley solo puede cambiarse mediante los procedimientos legislativos previstos y atendiendo a las mayorías parlamentarias, nunca mediante imposiciones de minorías”.

Recordó también que “dos veces en nuestra democracia ha existido un bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y siempre ha sido el Partido Popular quien ha efectuado ese bloqueo”.

El primero de ellos fue tras la victoria del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, “cuando el Partido Popular bloqueó la renovación del Consejo elegido cuando ellos tenían mayoría absoluta por entender que el resultado de las elecciones no era legítimo. Aquel bloqueo duró casi dos años”.

Santiago lamentó que “nunca se había llegado a la situación actual de cuatro años de bloqueo y también, curiosamente, hoy el Partido Popular entiende que el actual Gobierno de España, con mayoría parlamentaria estable, no tiene legitimidad. Cuando el PP ha estado en el Gobierno las renovaciones del CGPJ se han hecho en un máximo de tres meses”.

“El debate, por tanto, en España no es la renovación del órgano del Poder Judicial, es el cumplimiento de la ley y de la Constitución, y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas”, insistió.

Explicó también al comisario europeo de Justicia que “ahora nos encontramos ante otro incumplimiento de la Constitución y de la ley, cuando el Consejo tiene que elegir dos magistrados del Tribunal Constitucional. Vocales del CGPJ, en su mayoría jueces, deciden incumplir la ley aprobada en el Congreso, porque opinan que esta ley ‘no es adecuada’.

Puso el ejemplo del “vocal Ballesteros, juez de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura”, quien “defendió que los mandatos de plazos legales no le vinculaban y otros vocales, también conservadores, consideran inconstitucional la reforma que ha aprobado el Parlamento y, como discrepan de la norma, no la cumplen”.

Apuntó al dirigente europeo que “el 27 de septiembre la Prensa recogía declaraciones de vocales conservadores del CGPJ utilizando como excusa su visita a España, señor Reynders, para continuar sin cumplir la ley y no designar a los dos magistrados que les corresponden. Curiosamente esa posición de los vocales coincide con la posición de incumplimiento de la ley y de la Constitución que hace el PP”.

Santiago le dedicó también una crítica más personal al recordarle que “en su agenda de reuniones he visto que solo ha tenido reuniones con un partido político, el Partido Popular, y solo con dos de las asociaciones profesionales de la Magistratura, las de tendencia conservadora”. Tiró de nuevo de cierta retranca para señalar que “entiendo que, probablemente, se ha tenido que reunir solo con estos actores porque usted entiende que son los que vienen incumpliendo la ley. Estaría bien que nos lo aclarara”. El comisario europeo no lo hizo en su réplica.

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