Día internacional de los Derechos Humanos

Movilización por el respeto a la vida y al territorio

Colombia sigue teniendo una deuda con la humanidad. El conflicto interno crece en los territorios más apartados, donde los grupos armados se han reconfigurado. La población civil pide cese al fuego y respeto por la vida

Carolina Tejada

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y, con la resolución 423, de 1950, de la Asamblea General, se instó a todos los Estados y organizaciones a acoger el 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta declaración universal define que los derechos son inalienables a cada persona como ser humano, sin distinción de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, nacionalidad u origen social, etc. y se ha convertido en una ruta para avanzar, desde cada realidad en el mundo, en la defensa y construcción de derechos para toda la humanidad en razón de lo que la misma asamblea llamó una «norma común de conducta para todos los pueblos y naciones».

En virtud de lo anterior, cada año en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y la dignidad de los pueblos, las sociedades se movilización en procura de nuevas conquistas, pero también, en función de evidenciar los desafíos que, como humanidad y estados, se tienen para eliminar toda forma de pobreza y desigualdad, violencia, exclusión y discriminación.

“Pido la palabra a quien quiera escuchar, para alzar mi voz en medio de tanto miedo, miedo que llevo tatuado aquí en mi cuerpo, miedo a ser olvidada y olvidar”, expresaba hace poco una de las víctimas desde el exilio, en una creación artística y en colaboración con la cantautora Marta Gómez. Un llamado para revisar el pasado, no olvidar a las víctimas, pero también, con profundo sentido de realidad, pues el miedo de la prolongación de la guerra en el país no ha terminado a pesar del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Estado y las otrora guerrillas de las Farc-Ep, hace seis años.

Por el contrario, existe una nueva reconfiguración del conflicto interno, con particularidades territoriales y nuevos actores armados que llaman la atención de la sociedad y de las instituciones del Estado. Hoy, en medio del fuego cruzado y de constantes violaciones a los derechos humanos, la población más vulnerable exige que se tomen medidas urgentes en procura de salvaguardar la paz territorial y la vida, hacia una Paz Completa.

En la mira de la guerra

Una de las miradas necesarias es a la que llama el informe de las Naciones Unidas para Colombia en julio del 2022: “Es necesario que el gobierno adopte medidas urgentes, ya que el aumento de la violencia en las zonas rurales afecta gravemente a los derechos humanos”. El informe relaciona una serie de hechos violentos que luego del Acuerdo de Paz, se han venido agudizando y alertaba, en ese momento al gobierno entrante, a tomar medidas para proteger la vida de las comunidades. No sin antes declarar que, la respuesta del Estado, hasta ese momento, era principalmente militar: “no ha conseguido frenar la expansión de los grupos, y la escasa presencia de instituciones civiles ha agravado la situación”.

Los grupos armados que, como dice el informe de la ONU, se expandieron en el país, gracias además a un insuficiente cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del gobierno pasado, han focalizado su accionar en zonas estratégicas para el cultivo y procesamiento de coca, y/o zonas fronterizas para la disputa del territorio. Múltiples de estas acciones no están conectadas con un despliegue nacional en una lucha por el poder, o en contra del establecimiento, por el contrario, son acciones focalizadas.

Según Indepaz, en un informe presentado en septiembre del 2021, las acciones se han dado principalmente en el norte de Antioquia, sur de Córdoba y sur de Bolívar; Urabá antioqueño, chocoano y Pacífico chocoano; Argelia y El Tambo en Cauca; Triángulo de Telembí y Tumaco; Bajo Putumayo; Catatumbo y sur del Cesar; Algeciras (Huila), noroccidente de Caquetá y sur del Meta.

De acuerdo con el mapa del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre enero y junio del 2021, las víctimas de artefactos explosivos aumentaron en un 43% respecto al mismo periodo de 2021, en 16 departamentos que coinciden con el informe de rearme de agrupaciones, según Indepaz: “Cauca, Antioquia, Arauca, Norte de Santander y Meta las zonas de mayor impacto. En esos lugares se concentró el 67% de las víctimas”. El desplazamiento individual llegó a 41.074 personas, especialmente por amenazas de los actores armados. Y el confinamiento, que es otra forma de violación a los DDHH, llegó a 19.210 personas. Según la CICR, es el departamento de Chocó el que concentró el 57% de la población confinada.

Por su parte, la desaparición forzada de personas, en los primeros seis meses del 2022, documentó 61 nuevos casos en 14 departamentos, registrándose el 72% de ellos en Arauca, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño y Antioquia. Estas son las mismas zonas en donde los focos del conflicto bajo la nueva configuración de grupos armados, se ha venido agudizando.

Reconfiguración del conflicto

Retomando el informe en donde Indepaz, mapea el rearme, en Colombia hay agrupaciones narcoparamilitares con acciones ligadas a negocios de narcotráfico y lavado de activos y que llegaron a copar zonas estratégicas dejadas por las otrora Farc-Ep. También están las agrupaciones, que alcanzan a superar las 32, y que se han configurado durante y en el post acuerdo, con “una intención dominante por la cooptación de pequeñas estructuras residuales, bandas locales e incluso grupos narcoparamilitares debilitados”. A su vez está la presencia del ELN, que “se enfoca en la defensa de zonas de influencia y en el control de subregiones. Las acciones bélicas se reducen a atentados con explosivos, a emboscadas y esporádicas hostilidades a pequeñas unidades militares y de policía”.

Este mapeo también analiza que son ejércitos “comandados por mandos medios y jóvenes que en su mayoría no actúan bajo alguna convicción política o un ideal, condición que ha agudizado las formas de violencia en los territorios”, con “operaciones de pequeños grupos armados, entre cinco y quince individuos, y la tercerización de las acciones criminales bajo la subcontratación”, entre otros. Llama total atención que, según el Instituto de Paz, las acciones narcoparamilitares que se dieron en el 2021, fueron en 291 municipios de 27 departamentos, lo que representa un aumento de las acciones en comparación con 2019 de 30 municipios.

El reto de la llamada Paz Completa, no solo debe contemplar el panorama local y territorial, el rearme y configuración de los nuevos grupos armados, sino también, los efectos que estos vienen dejando sobre la población. Las comunidades y organizaciones han llamado a los grupos armados a frenar los conflictos locales, ese es el caso de Arauca. Por medio de un comunicado, el CPDH, denunció las 19 mil víctimas de desplazamiento forzado y las 320 muertes violentas que ha dejado el conflicto en la región solo en el 2022.

En ese sentido, la más importante acción que Colombia puede hacer en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, es avanzar con los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, y otras agrupaciones armadas, y que se den y se fortalezcan los mínimos humanitarios, el cese bilateral del fuego y el respeto por la población civil.
Fuente: Semanario Voz

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Fuente: Partido Comunista Colombiano