13 | 11 | 2019

pcpeEl arduo trabajo de la socialdemocracia por mantener con apariencia de juventud a una formación histórica cuyas cuadernas crujen por todos lados, y el agua se cuela por las juntas y algunos ya inevitables boquetes bajo la línea de flotación.

Como punto de partida consideremos dos datos, extraídos de una reciente EPA. En ella se constata que en nuestro país existen hoy 2,6 millones de trabajadores activos que son pobres, sus salarios no les llegan para cubrir sus mínimos vitales. Nunca antes este indicador había llegado a un valor tan alto. También, en esa misma encuesta del INE, se precisa que el colectivo de trabajadores/as con menos de 35 años de edad tiene hoy salarios inferiores a los de hace diez años. Entre 1.000 y 1.500 euros menos, según tramo.

Mientras se negocia el posible acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, cada vez pierde más peso en el discurso político y en el debate social la necesidad de la derogación de las distintas reformas laborales que han ido paulatinamente dejando a la mayoría trabajadora más desprotegida y con menos derechos.

La reforma laboral de 2012 ha sido uno de los mayores ataques contra el movimiento obrero y sindical de nuestro país, pero no ha sido el único. Se inserta en un proceso gradual de desmantelamiento de los derechos laborales, sindicales, económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras, acelerado especialmente durante el período más duro de la última crisis capitalista.

El PCE se suma a la convocatoria estatal del movimiento feminista de Alicante de hacer un llamamiento de protesta ocupando las calles todas las ciudades de España con marchas nocturnas el 20 de septiembre: “las mujeres queremos ser libres, las calles y las noches también son nuestras y nos queremos vivas”.

A lo largo de nuestra vida las mujeres sufrimos las violencias machistas de un sistema patriarcal que nos somete, nos oprime y nos deja vulnerables. Los diferentes gobiernos y sus acciones políticas para acabar con la desigualdad y las violencias a las que estamos sometidas han sido insuficientes porque no pretenden transformar la sociedad, ni ahondar en la desigualdad estructural (la pobreza mantiene el rostro de mujer), ni erradicar las conductas machistas, ni cambiar los roles y estereotipos que nos cosifican.

El secretario general del PCE, Enrique Santiago llama al PSOE a retomar las negociaciones para la investidura “frente a las presiones del Círculo de Empresarios”, como reacción a las declaraciones del presidente del ente patronal en las que apoya la repetición electoral y se opone a un gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

“Va quedando claro quién tiene interés en la repetición electoral: el PSOE debe decidir si está del lado de la mayoría trabajadoras o de la patronal”, enfatizó el máximo dirigente del PCE y miembro del equipo negociador por Unidas Podemos, recordando que el PCE se ha marcado trabajar hasta el final por un acuerdo positivo para la clase trabajadora que evite la repetición electoral.

Ante el anuncio y la comunicación por parte de la matriz de Vesuvius de su intención de cierre de la fábrica del polígono de Riañu en Asturies, el PCTE apoya la lucha y las movilizaciones de la plantilla, se posiciona frontalmente contra el cierre de la fábrica y el ERE que la empresa ha comunicado.

Las intenciones de la empresa, como entidad capitalista, son la deslocalización de la producción para incrementar su tasa de extracción de plusvalía de los trabajadores, así mientras deja en el paro a más de 100 trabajadores, pretende incrementar la explotación en otras partes del mundo. Tal es la situación actual de inminente crisis y de un capitalismo en descomposición que ya nada /ene que ofrecer a la clase obrera. No es una cuestión de lucha entre territorios si no de imperialismo y agresión a los pueblos, es una cuestión de lucha de clases.

Hoy, 11 de Septiembre, Diada Nacional de Cataluña, lejos de análisis abstractos de supuestos patriotas de uno y otro lado, corresponde analizar cuál es la situación en la que se encuentra nuestro pueblo, sostén real de Cataluña.

La realidad de nuestro pueblo es que la pobreza está extendida por todo el territorio. Que las condiciones laborales, empeoradas de forma notable durante la crisis, cada vez son más lamentables por los trabajadores y mejores para los intereses de los empresarios. Que cada vez hay más multimillonarios mientras más familias obreras no pueden llegar a fin de mes. Que los servicios públicos siguen empeorando a base de recortes como las que ha hecho el Gobierno de la Generalitat este verano. Que la especulación inmobiliaria es una lacra que provoca que los catalanes tengamos que destinar el 50% del salario para poder tener un techo, muchas veces precario, donde vivir. Que nuestra economía depende cada vez menos de la industria y cada vez más de sectores laboralmente precarios como el turismo. Que 20000 alumnos comenzarán este curso estudiando en barracones. Que miles de jóvenes no pueden estudiar en la universidad por unas tasas universitarias absolutamente prohibitivas y, cuando lo hacen, muchas veces tienen que acabar haciendo prácticas gratis a las empresas con la excusa del aprendizaje. En definitiva, que durante la época de recuperación de la crisis en ningún caso se están revirtiendo las agresiones a la clase obrera si no que se asientan en vistas de la próxima crisis.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia nº 1941 de 2019, ha reconocido que los servicios mínimos decretados por el Gobierno de Susana Díaz (PSOE) para la jornada de Huelga General del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, infringen de manera clara el derecho constitucional a la huelga de las personas trabajadoras de los servicios públicos andaluces.

Según dicha sentencia, la resolución administrativa impugnada ha sido desproporcionada al fijar como servicios mínimos el 100% de un día festivo en el ámbito de la atención hospitalaria y atención primaria, pues “unos servicios mínimos del 100% hacen ilusorio el derecho constitucional a la huelga, imponiendo a los huelguistas un sacrificio desmesurado y conllevando un atropello del artículo 29 de la Constitución Española”. En este sentido, dicha sentencia también recalca que el derecho a la huelga “tiene que ser reconocible”.

El Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid ha fallado a favor de la Confederación General del Trabajo (CGT) tras la demanda presentada contra Iveco España S.L. el pasado 25 de febrero por entender que la misma estaba vulnerando el derecho de acción sindical y de huelga durante la jornada del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Varias personas trabajadoras y afiliadas a la CGT decidieron acogerse a su derecho a hacer huelga este día, por lo que la empresa procedió a computar a las mismas las 8 horas de huelga como “absentismo laboral”.

El 28 de septiembre movilización mundial por el derecho a abortar.

Como todos los años, éste 28 de septiembre seguiremos sumándonos a la movilización mundial por el derecho al aborto.

Porque:

El Metro es un elemento neurálgico para el transporte de viajeros en Madrid, 657 millones de viajes en 2018 así lo atestiguan. Se trata de una empresa pública que, a pesar de financiarse con el dinero de nuestros impuestos y el coste de los billetes que abonamos los usuarios, cada vez presta un peor servicio en favor de las empresas que parasitan los elementos privatizados.

Los recortes en trenes y personal, las privatizaciones y la mala gestión en Metro de Madrid provocan interminables esperas, averías, fallos técnicos, obras inacabables, cierre de líneas y estaciones, altas temperaturas, masificación, problemas de limpieza, de seguridad y de salud para trabajadores y usuarios, especialmente con la presencia del amianto.

La Confederación General del Trabajo (CGT), tras las jornadas de huelga desarrolladas durante el mes de agosto en Renfe, ha valorado positivamente tanto el compromiso solidario de la organización anarcosindicalista como el de la plantilla, a la hora de secundar los paros por la mejora de los servicios ferroviarios, la conciliación familiar y laboral de las personas trabajadoras en este ente y la renovación de la plantilla en un servicio esencial para la ciudadanía.

Por otro lado, desde la CGT también han reprochado al Gobierno del Estado español la actitud mantenida durante las jornadas de huelga. En este sentido, CGT considera que los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento en connivencia con la empresa, solo han servido para cercenar los derechos laborales de las plantillas de Renfe, como es el derecho constitucional a la huelga.

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