Este domingo, la República Bolivariana de Venezuela denunció a través de un comunicado la venta ilegal de la refinería venezolana Citgo Petroleum, ubicada en Estados Unidos, la cual fue confiscada de manera ilícita por la administración de Donald Trump en 2019 y entregada a una representación fraudulenta de la oposición venezolana.

Esto de acuerdo al fallo emitido por el juez, Leonard P. Stark del Tribunal del Distrito de Delaware, y avalado por la Corte Suprema de ese país, mediante el cual se autoriza la venta judicial de sus acciones para favorecer a la compañía minera canadiense Crystallex.

Según el comunicado difundido por la cancillería venezolana, la sentencia pretende ejecutar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro International de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por un valor de 1,2 millardos de dólares, a partir de una reclamación realizada por la empresa canadiense, aun cuando ni PDVSA, Citgo, o PDV Holding, son deudores de Crystallex ni fueron sujetos del procedimiento ante el Tribunal Arbitral del CIADI.

“Venezuela advierte una vez más que los representantes judiciales que han pretendido actuar en nombre de la República y de Pdvsa en tribunales estadounidenses, carecen de cualquier legitimidad para hacerlo. Por el contrario, Venezuela ha denunciado el gravísimo hecho de que el abogado que fraudulentamente pretende representar a la República, en realidad ha trabajado como asesor jurídico de la empresa Crystallex, y es quien ha impulsado la tesis según la cual se pretende confundir como uno solo el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela y el patrimonio de Pdvsa”.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, a través de su cuenta Twitter @jaarreaza, tildó el proceso como un acto de pirateria moderna.

“Venezuela denuncia la decisión del Tribunal del Distrito de Delaware, Estados Unidos, sobre la venta judicial de las acciones de la empresa Citgo, propiedad de Pdvsa, luego de llevar a cabo un acto de piratería moderna a través de un proceso que carece de legitimidad”

Por otra parte, el Gobierno venezolano aseguró que la designación fraudulenta de la directiva de Citgo por parte de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato (AN) no sólo es ilegal, sino que actúa en detrimento del interés nacional, en beneficio de las intenciones injerencistas.

Al respecto, se informó que la República Bolivariana de Venezuela continuará llevando adelante la defensa del patrimonio de todos los venezolanos y se reserva todas las acciones que haya lugar en el plano internacional y en la jurisdicción de Estados Unidos, para hacer valer sus derechos.

Crystallex fue nacionalizada en 2011 por el Gobierno venezolano tras el incumplimiento de una serie de medidas ambientales. Posteriormente la empresa canadiense inició la demanda contra el Estado venezolano en cortes de Estados Unidos.

La confiscación ilegal de Citgo, filial de la estatal PDVSA, y con la mayor cantidad de activos venezolanos en el exterior, forma parte del saqueo que ha perpetrado el gobierno de Donald Trump contra Venezuela, con el bloqueo económico, financiero y comercial que impone desde 2014 y cuya estrategia de ahogamiento a la economía, se ha centrado en el hundimiento de la industria petrolera.

Fuente:

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela