La invasión de los imperios español y portugués en las tierras de Abya Yala, de Pindorama o Tawantinsuyu[1], entre los siglos XV y XVI, resultó en la esclavitud, expropiación y muerte de millones de indígenas. A raíz de la expansión del capitalismo comercial, se instauró el proyecto colonial a través de la apropiación de la tierra y el agua, el saqueo de los recursos naturales y consolidación de un poder político basado en múltiples violencias en contra los pueblos originarios.
En el ámbito del proyecto colonial, los indígenas, sus modos de vida y sus cosmovisiones eran consideradas insignificantes. Tratándolos como seres inferiores y/o salvajes, el dínamo de la acumulación de capital ordenó relaciones sociales que despreciaban la organización previa de los pueblos originarios y exigían el trabajo de sus individuos para la realizar la extracción de minerales, la agricultura y la ganadería. Independiente del tipo de explotación hecha – mita, encomienda, aldeamentos, entre otros – prevaleció el orden económico capitalista, teñido de una visión eurocéntrica de mundo.
Se estima que más de 50 millones de indígenas fueron asesinados a lo largo de siglos de empresa colonial. Indudablemente, uno de los más grandes genocidios registrados en la historia de la humanidad.
La independencia de los países latinoamericanos de la dominación imperial europea, en el siglo XIX, no resultó en la superación de las bases fundamentales de la explotación y opresión en contra los indígenas. A pesar del importante papel ejercido por estos últimos en las luchas impulsadas en contra lo que quedaba del proyecto colonial de dominación, el derecho de los pueblos originarios sobre las tierras, el agua y otros bienes de la naturaleza quedó en buena medida prohibido. Las diferentes fracciones de la clase dominante fueron las encargadas de evitar que la transición hacia la independencia política condujera a una ruptura revolucionaria que transformara la antigua estructura económico-política y que la problemática y demandas de los pueblos indígenas asumiera un punto central en la agenda de los nuevos Estados Nacionales. En ese sentido, se acordó un orden jurídico-político para otorgarle legalidad al despojo y la mercantilización de las tierras indígenas – sostenida en la doctrina de tierra nullius – y, además, como se ha registrado en Brasil, se consideró a los indígenas restantes en vías de extinción.
Durante el siglo XX ha logrado proyección el discurso de la integridad y de la consolidación territorial de los países latinoamericanos. Se hizo común exhortar a la ocupación de áreas de frontera y alejadas de los centros más poblados. En nombre del desarrollo, grandes proyectos piloteados por el Estado y por empresas nacionales o extranjeras impactaron directamente los territorios de los pueblos indígenas, exacerbando el despojo de sus miembros.
El advenimiento de la crisis del capital, en el comienzo de la década de 1970, generó un arreglo político-económico formado, en rigor, por una reestructuración productiva, por diversas desreglamentaciones (fiscal, monetaria, laboral, ambiental, agraria, etc.), por el surgimiento del Estado neoliberal y por la financiarización de la economía global. Desde entonces se ha incrementado la ofensiva capitalista sobre los bienes de la naturaleza. La tierra, el agua, los árboles, las semillas, los minerales, entre otros elementos, se han convertido en el objetivo de las embestidas de las corporaciones empresariales que anhelan monopolizarlos y convertirlos en mercancías y/o activos en las Bolsas de Valores.
La presente ofensiva capitalista involucra a las corporaciones empresariales arraigadas en el centro de la economía capitalista en estrecha articulación con las fracciones de la burguesía ubicadas en los países de Latinoamérica, ansiosas por incorporar los bienes de la naturaleza a su cartera de productos y obtener ganancias. Se trata de una ofensiva que presiona a los territorios indígenas y en última instancia provoca la expropiación de las tierras de los pueblos originarios.
La expansión de la extracción de minerales en tierras indígenas es uno de los ejemplos más evidentes. Además de la minería ilegal propiciada por agentes exportadores, existen proyectos llevados a cabo por grandes empresas mineras y productoras de hidrocarburos, las cuales en cooperación con los Estados nacionales y la coordinación internacional a través del IIRSA-COSIPLAN, sustraen minerales y canalizan ductos, proyectan vías, ferrovías y puertos para la exportación de las materias primas, dejando un rastro de destrucción ambiental, daños a la salud humana y fuertes divisiones entre las comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Destacamos la contaminación del agua por metales pesados y la contaminación de las personas por productos potencialmente cancerígenos y/o alergénicos. Se publicó recientemente un informe el cual señala que 8.000 indígenas, pertenecientes a 11 comunidades de la provincia de Espinar, Departamento de Cusco, Perú, poseen niveles preocupantes de mercurio, plomo y arsénico en sus cuerpos, debido a la actividad minera alrededor de sus aldeas. En Bolivia también hay casos alarmantes de contaminación humana. Una encuesta ha descubierto que indígenas del pueblo Ese Ejja, ubicados en las comunidades Eyiyo Quibo (un poco más al norte de La Paz) y Portachuelo (estado de Pando) presentan niveles alarmantes de mercurio en sus cuerpos, debido muy probablemente a la extracción de oro en la orilla del río Beni[2]. Vale la pena mencionar la situación del pueblo indígena Ai’Kofan, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, donde se han reportado innumerables ocasiones de contaminación del agua por actividades extractivas-industriales, como en el emblemático episodio de responsabilidad de Texaco (Chevron). En el caso del Arco Minero del Orinoco, el Estado venezolano ha creado una legislación sobre 111 mil Km2, que facilita a capitales nacionales y extranjeros la posesión territorial para la extracción de oro, en un espacio geográfico superpuesto a los territorios ocupados por los pueblos Yekuana, Eñepá, Pemón, Hivi, Mapoyo, entre otros: las reacciones indígenas no han obtenido buena aceptación estatal, por el contrario las respuestas pasan por crear un expediente mediático de conspiración y secesionismo indígena o la asimilación-cooptación de defensores indígenas a través de partidos políticos proclives a los intereses de mineros y Estado. En ese momento los indígenas del pueblo Shuar Arutam, que viven en la Cordillera del Cóndor, en el extremo sureste de Ecuador, realizan protestas para evitar que otra compañía minera ingrese en su territorio sin su consentimiento. En la última década el territorio de los Arutam fue invadido por proyectos mineros llevados a cabo, sobre todo, por multinacionales y con fuerte apoyo del Estado. Este tipo de luchas contra las actividades extractivas y contra el despojo de tierras y territorios indígenas se registran en México, Guatemala, Honduras, Chile, Paraguay, solo para mencionar otros más.
El acaparamiento sistemático de tierras indígenas por parte de particulares o empresas del agronegocio, la minería, la energía y los fondos de inversión constituye un capítulo indiscutible en la ofensiva del capital. El acaparamiento es la apropiación ilegal de tierras y puede estar precedido por una deforestación deliberada del área y su consecuente comercialización, además de la aplicación de mecanismos de cooptación de liderazgos y de violencia criminal y terrorista contra las resistencias indígenas y campesinas. Debe considerarse que el fenómeno del acaparamiento forma parte del proceso de acumulación primitiva y originaria de capital, el cual se extiende en el tiempo, que genera la expropiación de los pueblos originarios y la conversión de las tierras y de los bienes de la naturaleza, bajo su salvaguarda, en propiedad privada. Esto hace parte de una etapa de profundización del capitalismo, que busca continuar con la expansión de monocultivos, el expolio de los bienes de la naturaleza y la explotación de la fuerza de trabajo indígena y campesina.
El ritmo y tono de ese proceso son diversos, con componentes particulares en cada formación social de América Latina. En Brasil existen a menudo las invasiones realizadas por acaparadores que anhelan apropiarse de parte de las tierras indígenas y luego asegurar la amnistía de su acto mediante una decisión del parlamento federal, como ha ocurrido en otras ocasiones[3]. Hay muchos ejemplos de acaparamiento de tierras en la Amazonía brasileña, como se registra en la reserva indígena Uru Eu Wau Wau, en el estado de Rondônia, cuyas parcelas se comercializan en el Facebook, y como se ve en la Tierra Indígena del pueblo Kayabi, entre los estados de Mato Grosso y de Pará, en la cual se verifica, incluso, la invasión llevada a cabo por Brookfield, fondo canadiense que gestiona muchos activos en Nuestra América. El Chaco argentino también es escenario de estas iniciativas. La expansión de los monocultivos de granos y la ganadería han provocado la supresión de los bosques utilizados desde tiempos inmemoriales por el pueblo Wichi. Uno de los dos principales actores de este masivo acaparamiento en el norte de Argentina es el grupo Cresud, que controla miles de hectáreas en la provincia de Salta y cuenta con el consentimiento del Estado.
Similar situación se da en el Perú en donde la expansión de los proyectos agro-industriales (cultivo de la palma aceitera), explotación de hidrocarburos y extracción de madera han reducido los territorios de los pueblos indígenas u originarios, situación que se agrava con la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico, que en los últimos años han invadido las reservas indígenas, áreas protegidas, parque nacionales y zonas de amortiguamiento, los cuales no solo son territorios protegidos por su biodiversidad sino que también son habitados por pueblos originarios o indígenas no contactados y en aislamiento voluntario[4]. Cabe señalar que, en el caso de los pueblos indígenas del Perú, se dio una larga batalla que dio como resultado la Ley N° 28736, que ha permitido entre otras cosas, el reconocimiento administrativo de estos pueblos con la inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia del Perú. El reconocimiento administrativo de su existencia y de su territorio de 3 millones de hectáreas impide el otorgamiento de cualquier tipo de concesiones administrativas para la explotación de recursos naturales en dichos territorios, pero no impide las actividades ilegales ya sean por ausencia del Estado, la negligencia o la actuación estatal a favor de hacendados y mineros. Estos tres rasgos caracterizan a la política de tierras y frontera del Estado venezolano en relación al territorio de los pueblos Yukpa, Barí y Yanshitu en la región de Perijá, fronteriza con Colombia. Los datos dan cuenta de un proceso de despojo territorial acelerado, persecución y criminalización a partir de la década 1960 y la más tenaz amenaza a los pueblos indígenas y a la naturaleza, con proyectos minero-extractivistas sobre una superficie proyectada de 159 mil hectáreas de minas del hidrocarburo a cielo abierto. Y a pesar de las movilizacionesindígenas de la década de 1990 y 2000, para detener la minería y reclamar los derechos establecidos en la constitución nacional (1999), cada año aparecen actores convocados por el Estado para realizar inversiones mineras en los territorios Yukpa, Barí, Yanshitu. El ultimo hecho fue la creación de la empresa Sociedad Anónima Carbones de Turquía y Venezuela con la finalidad de reiniciar la explotación de dos minas en la región de Guasare, al norte de Perijá, colindante con el territorio ocupado por indígenas Wayuú; antes empresas de origen Ruso y Chino hicieron lo mismo. A la amenaza extractivista le sale a la par la ambigua titulación de tierras al pueblo Yukpa en los últimos diez años, ya que, con este acto de entrega de títulos de tierras, el Estado ha dejado claro la reserva de derechos de terceros, léase, mineros y ganaderos, quienes son los actores que le disputan a los pueblos indígenas el territorio. En materia ambiental y antropológica, el Estado venezolano ha proyectado a Perijá como una zona de sacrificio ambiental y étnico-cultural, en virtud de la expansión de las inversiones extractivistas y la satisfacción de la demanda internacional de carbón y otras materias primas.
Al acaparamiento de tierras se suma la desencadena criminalización y judicialización contra los pueblos indígenas, que ha derivado en episodios de violencia policial y militar, encarcelamiento de líderes y desalojo de familias de sus tierras. En Paraguay, la reciente aprobación de una ley, con el consentimiento del gobierno paraguayo y atendiendo a las demandas de los terratenientes de ese país, abrió el camino a una represión flagrante. La nueva ley modificó un artículo del código penal y estableció la posibilidad de prisión para los indígenas que deseen defender o retomar sus territorios. Varios miembros de los pueblos MBy’a Guaraní y Ava Guaraní fueron directamente afectados por esa medida. En Venezuela el pueblo Yukpa cuenta un trágico haber de 13 indígenas muertos a cargo de sicarios y cuerpos militares. El hecho ocurrió en la comunidad Yukpa Kuse, cuenca del río Yaza, región de Perijá, en la cual la violencia ganadera, la persecución militar, la criminalización y encarcelamiento de varios Yukpa ha sido motivo de protestas y movilizaciones continuas desde 2013 en la capital de la provincia y en Caracas. La impunidad de los crímenes, ante todo, la impunidad de los ganaderos autores intelectuales, las agresiones, amenazas y secuestro mantienen en una situación de riesgo constante a varias comunidades Yukpa, mientras el Ministerio Público no da continuidad a los juicios y denuncias.
Los pueblos indígenas no contactados y en aislamiento voluntario comprenden territorios transfronterizos de casi toda América del Sur. En el caso peruano existen documentados 20 comunidades indígenas no contactadas, entre ellos se encuentran los kakataibos, isconahuas, matsigenkas, mashco-piros, mastanahuas, murunahuas (o chitonahuas), nantis y yoras, ubicados entre las fronteras amazónicas de Perú y Brasil. Los problemas que enfrentan estos pueblos radican principalmente en las actividades expansivas de la tala y la explotación de los hidrocarburos que en muchos de los casos deben atravesar sus territorios. Pero los peligros no se quedan allí, sino que existe desde hace 400 años con la llegada de los conquistadores europeos: las actividades misioneras. Estas actividades realizadas en el pasado colonial por la iglesia católica trajeron consigo no solo el detrimento de las culturas indígenas, allanaron el camino para la explotación y opresión de sus habitantes (esclavismo cauchero), sino nuevas enfermedades que diezmaron miles de pueblos a lo largo de América. Las actividades misioneras no han cesado, desde los años 60 del siglo pasado, en que las misiones de religiones protestantes, evangélicas penetraron en los asentamientos indígenas de la Amazonía, ha iniciado no solo un proceso de desarraigo cultural, lingüístico-educativo-confesional, sino que también llevaron nuevas enfermedades, actividades que persisten en la actualidad sin que ningún Estado establezca límites a sus proyectos de expansión (lingüístico-educativa-confesional-política) en territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y los no contactados.
Dado lo anterior, varios partidos comunistas de América Latina, con una amplia y reconocida trayectoria de luchas en sus respectivos países, publican este manifiesto. Es un llamado al acompañamiento a la lucha que realizan los pueblos indígenas en defensa de sus bienes comunes y de sus condiciones vitales de existencia. Es un llamado a conceder una titularidad jurídica, colectiva e inalienable sobre espacios geográficos que ocupan ancestralmente y le dan sentido a bienes nacionales asociados a la diversidad cultural y lingüística, a la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas del continente. Es un llamado a oponerse, conjuntamente con estos, al avance del capital y al proyecto de dominación burguesa sobre sus territorios.
Se parte de la premisa de que las tareas inmediatas para suplantar o derrotar los diferentes expedientes lanzados en contra de los pueblos indígenas deben combinarse con la estrategia de superación del orden capitalista y por supuesto del racismo. En el período histórico actual no hay duda de que el modo de producción capitalista es absolutamente incapaz de asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas y el respeto a sus formas de vida. El ejercicio de este derecho es absolutamente imposible en el capitalismo.
En este sentido, los partidos que suscriben el actual manifiesto pretenden construir un foro de discusión permanente que contemple la realidad que viven los pueblos indígenas de América Latina y, además, funcione como un espacio calificado para la coordinación de acciones políticas. Es una iniciativa colectiva que está abierta a la colaboración de otras organizaciones políticas que apoyan esta perspectiva anticapitalista y antiimperialista.
¡Viva los pueblos indígenas de América Latina!
¡Todo el apoyo a las luchas anticapitalistas y antiimperialistas!
América Latina, 20 de mayo de 2022.
Partido Comunista Brasileño
Partido Guatemalteco del Trabajo
Partido del Pueblo de Panamá
Partido Comunista de Ecuador
Partido Comunista de Bolivia
Partido Comunista de Chile
Partido Comunista de Venezuela
Partido Comunista Peruano
[1] Ejemplos de nombres dados por diferentes pueblos indígenas a su lugar de vida antes de la invasión colonial. Es decir, antes de ser llamado continente americano, las tierras de los pueblos originarios recibieron diferentes nombres.
[2] Es necesario mencionar que Bolivia se destaca en el comercio mundial de mercurio, ocupando las primeras posiciones entre los países importadores del metal.
[3] Un proyecto de ley (PL) está en trámite en el parlamento brasileño, conocido con el apodo de PL del acaparamiento, cuyo contenido legaliza nuevas áreas invadidas, especialmente, en la Amazonía.
[4] Las reservas indígenas Isconahua, Mashco Piro y Murunahua (Departamento de Madre de Dios, Perú).
Fuente: Partido Comunista Peruano