PCPE:
El PCPC Partido Comunista del Pueblo Canario, denuncia la reciente condena al Diputado Alberto Rodríguez que se viene a sumar a otras muchas muestras de represión política del Estado, que evidencian su carácter de instrumento de la oligarquía española para garantizar su dominio y su proceso de acumulación de capital.La policía y el poder judicial se emplean, por un lado, para reprimir la protesta, la libertad de reunión, manifestación, el derecho a la huelga y la libertad de expresión. Recordemos, a ese respecto, los varios centenares de procesos judiciales donde se pedía prisión para los trabajadores y trabajadoras sindicalistas tras las dos últimas huelgas generales, en los que muchos terminaron con sentencias condenatorias, y los procesos y condenas contra varios artistas por el contenido de sus obras, todos ellos víctimas de un Estado represor donde nunca se depuró ni la policía, ni el ejército, ni la judicatura, heredadas íntegras e impolutas de la dictadura fascista, y donde los partidos gestores del capitalismo español, entre ellas Unidas Podemos al que pertenece el represaliado, han mantenido un código penal con un articulado tremendamente represivo, diseñado para amedrentar la protesta social, al que se suma una Ley Mordaza que la misma Unidas Podemos prometió derogar y no lo ha hecho, sumando éste a muchos otros incumplimientos.Por otro lado, hay una clara intencionalidad política, pues este proceso se vuelve a activar cuando Alberto Rodríguez se convierte en diputado. Mantenemos que Unidas Podemos es una fuerza gestora del capitalismo español, no es ninguna opción revolucionaria, sino todo lo contrario, gestora de los intereses del capital, desmovilizadora y decepcionante para la clase obrera. Pero la oligarquía procura un desgaste y un recambio posterior de sus gestores. Denunciamos que esta sentencia es un montaje judicial, en el que se proporcionaron videos que evidencian la inocencia del acusado, pues no estaba en la zona donde se produjo el forcejeo, pero, sin embargo, el tribunal con dos votas en contra de magistrados, le condena apoyándose únicamente en el testimonio de un policía que sufrió “una contusión en la rodilla” que curó al día siguiente. El PCPC considera esto un montaje que trae como consecuencia una condena a prisión , que se transforma en multa e inhabilitación para ejercicio de su cargo público. En un país donde el poder judicial o la policía no actúa ante delitos fragantes de corrupción empresarial o el más reciente que vincula al rey emérito…
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