(A propósito de la solicitud de un nuevo escrutinio)

El gobierno nacional en forma recurrente, mientras predica salvaguardar el Estado de Derecho, desconoce los fallos judiciales y sin pudor alguno, deslegitima el poder judicial colombiano. Tiende mantos de duda sobre la pulcritud y rectitud de los jueces, de los magistrados y de las altas cortes, tal como sucedió recientemente, cuando el Presidente de la República manifestó, al referirse al fallo dela Corte Constitucional que despenalizó el aborto en Colombia, que cinco (5) personas no podían decidir por todo un país. Esta manifestación en cabeza del primer mandatario y a quien la constitución le ha encomendado la misión de respetar y hacer respetar los fallos judiciales, es nada más ni nada menos, que una sublevación a la institucionalidad del país y una invitación a que se atente, no solo contra la justicia, sino, además, contra sus integrantes.

Ahora, el partido de gobierno en cabeza de su máximo director, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ante la derrota sufrida por esa colectividad en los comicios electorales realizados el pasado 13 de marzo, sale abiertamente a desconocer el resultado de las elecciones, porque no coincidieron con la información entregada por la Registraduría el día de los mismos. En el verdadero escrutinio, el realizado con posterioridad por los jueces y notarios como escrutadores y claveros, se revisó durante toda la semana la labor de conteo final y se procedió a la corrección de los errores y fallas detectadas, e inclusive, se ordenó la investigación ante los entes de control de aquellas conductas penales en las que podían estar inmersos los jurados de votación.

En contravía de la imparcialidad que en los comicios electorales debe acompañar a un gobierno que se precia de democrático, el Presidente de la República, ante las voces de desconcierto e inconformidad del partido de gobierno por la mengua sufrida en las urnas, convocó, para este martes, a la Comisión de Garantías Electorales y el Registrador Nacional del Estado Civil, en forma sumisa y obsecuente, sale a proponer que se repita el conteo de votos para el senado, a nivel nacional.

Estas posiciones sin fundamento alguno, para congraciarse con su partido y que van contra la institucionalidad, ponen, además, en tela de juicio, la labor imparcial y seria desarrollada por 5.000 jueces de la República y coloca nuevamente la justicia en entredicho injustificadamente. Propuestas de este talante pretenden seguramente ser una antesala para echar atrás el proceso electoral, lo que no sería nada distinto a un golpe de estado civil a la Constitución con el que se abriría compuerta enorme para acabar con la vigencia de las garantías que deben rodear un Estado que se define como Democrático. Pensar siquiera en invalidar o desconocer un proceso electoral, que ha sido verificado por el poder judicial con responsabilidad y pulcritud, cuando simplemente no beneficia los intereses del partido de gobierno, desconoce los principios y postulados constitucionales, que con claridad nuestra carta política define en su artículo 1º como propios de un Estado Social, Democrático y de Derecho, basado en la pluralidad ideológica y política y en la autonomía e independencia de los poderes, que en su colaboración armónica deben garantizar la unidad de la República. Ello solo es posible incurriendo en prevaricato por acción, abuso de función pública y otras conductas ilícitas que estamos revisando. Ello ante el reporte de decenas de jueces en el país que aseguran que en el escrutinio dictaron cientos de votos a favor de colectividades como el Pacto Histórico y otros y los funcionarios de la Registraduría en el acta E 24 colocaron 0.
 

Hacemos un llamado a todo el poder judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a las altas Cortes a cerrar filas en torno a la autonomía e independencia judicial. Demandamos del gobierno nacional poner fin a todos estos ataques contra la judicatura que desnaturalizan y deslegitiman a los jueces y convocamos a todas las personalidades democráticas, a las centrales obreras, estudiantes y a la sociedad civil, como también a la comunidad internacional, para que, en defensa de la democracia y transparencia del proceso electoral, se rodee a los jueces, se apoye su labor y se respeten los mínimos postulados constitucionales en que se basa un Estado democrático.

Por todo ello hemos elevado peticiones al Registrador Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de la Judicatura para frenar tamaña afrenta a la democracia colombiana.

Convocamos a ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA mañana MARTES 22 DE
MARZO a las 5 PM, donde recogeremos balance de las múltiples irregularidades que se nos han puesto en conocimiento y en defensa de esa independencia judicial tomaremos las acciones disciplinarias y penales a que haya lugar.

Bogotá, 21 de marzo de 2022.

José Freddy Restrepo García
Presidente, en nombre de nuestra
Junta Directiva Nacional Asonal Judicial S.I.

Fuente: Partido Comunista Colombiano