Asistimos a un proceso de intensificación general de la segregación mediante la educación formal que, si bien precedente, se ha visto acelerado al calor de la última crisis capitalista. En tanto que aparato del Estado burgués, el sistema educativo tiene como función la reproducción de la ideología dominante y, en lo que nos centraremos en adelante, la de las relaciones sociales de producción. Así, tenemos por delante la tarea de desgranar leyes educativas que no son más que partes de un conjunto de formas legales dirigidas a sostener dicho aumento de la segregación y que tiene como objetivo el acondicionamiento de la mano de obra a  las necesidades del capital, concretadas por la fisionomía de un modelo productivo que conduce a la juventud obrera a altas cotas de precariedad.

Las distintas iniciativas legislativas, de mayor o menor calado, no son ajenas entre sí, sino que operan de forma acompasada en favor de la consecución de este objetivo mediante una elevación de la segregación. La falta de ayudas a las familias obreras en los institutos, la expulsión de nuestra clase de la Universidad y la reconducción de esta a la Formación Profesional forma parte de un todo funcional a la desvalorización de la fuerza de trabajo, estrechamente ligada a unas crecientes dificultades de valorización del capital que también se intentarán paliar mediante la apertura de nuevas vías para la mercantilización de la educación formal.

La Universidad en el Estado burgués

Uno de los grandes errores que se comete a la hora de analizar la Universidad -o cualquier ámbito educativo- es dejar a un lado la visión materialista del mundo y no entender que esta, como cualquier otra pata de la superestructura, está inserta dentro de las lógicas de producción capitalista y por tanto no es reformable bajo este modelo económico (no podemos entender tampoco estructura y superestructura como algo completamente diferenciado y estanco si no a ambas como colaboradores necesarios para la reproducción social). Y ya no solo eso sino que como parte de la superestructura es necesaria para que la estructura pueda seguir funcionando, no es un apéndice de la base económica sino que existe una relación entre ambas partes del entramado productivo.

La Universidad tiene como función reproducir y producir ideología burguesa y formar a los cuadros que gestionarán los procesos productivos y la producción ideológica del futuro. Por tanto, no podemos entender la Universidad como una institución que persiga la generación de conocimiento en pos del beneficio de la humanidad, sino que es una institución más históricamente determinada por el modelo productivo.

Por ello, tampoco podemos entender la educación superior como un elemento de igualación de clase o que permita a la clase obrera acercarse a algún tipo de igualdad con otras capas de la población, ni su función ni su objetivo son esos.

LOSU: el fin del asentamiento de las formas legales para la expulsión de la clase obrera

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha suscitado la contestación de considerables sectores de la comunidad educativa organizada institucionalmente o en estructuras permanentes pero, en la mayoría de los casos, para denunciar la pérdida de la democracia interna de la Universidad que suponía el primer borrador anunciado. Si bien es cierto que la habilitación de un mecanismo de elección del equipo rectoral que tan siquiera respetara el sufragio universal era un flagrante paso atrás en la posición del estudiantado a lo interno de las universidades, esto no es más que una expresión superficial de las derrotas vividas anteriormente, tras la aplicación de la LOU en 2001, del RD que daba un mayor desarrollo al Plan Bolonia en 2008 y de los “tasazos” sucedidos desde 2011. Y es que, dado el que ya era un carácter antidemocrático de los órganos y canales de toma de decisión de la Universidad incluso siguiendo las lógicas formales burguesas, la total pérdida de representatividad en los procesos electorales no acabaría de suponer un retroceso material considerable, pues antes tampoco teníamos capacidad para influir desde el ámbito institucional universitario de forma efectiva en la dirección de nuestros centros educativos.

Esta continuidad en el carácter antidemocrático de la Universidad es la misma que observamos en los restantes ejes que analizamos para versar sobre la expulsión de la clase obrera de la Universidad. Se mantienen las mismas deficiencias en el sistema de becas y tasas y se sigue sin reconocer el carácter público y la gratuidad de los servicios adyacentes a la actividad académica, como los propios materiales de clase, la residencia, el transporte, el comedor, las sesiones de apoyo, el aprendizaje de idiomas, las actividades deportivas o culturales extralectivas, etc.

No obstante, hay una última vertiente en la que la LOSU sí que comporta elementos novedosos, aunque también completamente perjudiciales para nuestros intereses: el aumento del margen para la fagotización de la Universidad por parte del capital. Los Consejos Sociales, órganos de expresión de las empresas presentes en cada universidad, ganan todavía más peso en la dirección directa de la Universidad bajo la premisa de “conectar la enseñanza superior y la investigación con la sociedad”, debiendo siempre sustituir “sociedad”/“social” por “capital”/”capitalista” en las declaraciones del Gobierno. Así, su capacidad para ganar la privatización de servicios anteriormente de titularidad pública en los centros y de entrometer su actividad privada en el ámbito o entorno educativos es magnificada, así como la completa absorción de unos grupos de investigación completamente dependientes de la financiación privada y, por lo tanto, subordinados a sus demandas.

Esta mayor presencia directa de los intereses empresariales en la gobernanza universitaria también asegura que las prácticas curriculares y extracurriculares sigan sirviendo un perfil de trabajadoras sin derechos ni remuneración de ningún tipo, ahora fomentado intensamente mediante la introducción de la “Mención Dual” en la LOSU y la consecuente importación de un modelo muy parecido al de la FP Dual con el mismo objetivo de captar mano de obra muy barata, o directamente gratuita, para agrandar al máximo la plusvalía extraída.

La subordinación a las necesidades mercantiles también la detectamos en las pasarelas que se tienden hacia la Formación Profesional, abriendo nuevas vías para la reconducción de las estudiantes a una cualificación media ultraespecializada para la que también es funcional el desarrollo de los itinerarios abiertos, que reinciden en el paradigma de la formación modular que también afecta a las Enseñanzas Medias y la Formación Profesional y que, en suma, viene a compartimentar los currículos en “competencias” que las jóvenes pueden comprar de forma cada vez más flexible para adaptarse a los requerimientos del sector privado concreto en el que pretende conseguir su inserción laboral.

Concluyendo, podemos decir que la LOSU culmina el desarrollo de las formas legales dispuestas para completar la desobrerización de la Universidad y su acondicionamiento como nicho de valorización capitalista. Esto no quiere decir que ya no quede ni una sola joven de extracción obrera en los estudios universitarios, sino que se encara la aprobación de la última iniciativa legislativa necesaria para alcanzarlo en el medio-plazo.

Giro en las políticas de la Formación Profesional: ampliación del sector

Actualmente, la FP vive un tiempo de revalorización entrecomillada. El desarrollo de dicha rama de estudio coincide con su ampliación a través de la creación de nuevos módulos de estudio en las 3 subdivisiones en la que se estratifica (básica,  grado medio, grado superior). Los ciclos formativos se tienden a diversificar, como en su día ocurrió con las carreras universitarias, para satisfacer al modelo productivo con los cuadros técnicos que requiere.

La potenciación de los grados medios y superiores ha generado un creciente interés por parte de la burguesía.

El Estado burgués se ha dispuesto a ampliar este sector ante la falta de profesionales técnicos medio. Esto no viene, por supuesto, acompañado de una mejora o de unas soluciones a la desatención infraestructural o de dotación que sufren la mayoría de centros públicos y que agravan la segregación clasista, ni tampoco de una regularización de las prácticas curriculares.

La nueva Ley de FP: aumento de la segregación interna en el sector y papel de la FCT no laboralizada para el capital

Esta FP completa con la nueva ley su reformulación de acuerdo al modelo alemán: FP dual con prevalencia y  predisposición a las prácticas laborales. Estas prácticas, pues, juegan un papel esencial en la capacitación técnica manual de los nuevos cuadros medios y asalariados, enfocando más hacia el mercado laboral que hacia el estudio teórico de la propia enseñanza. Sin embargo, y a diferencia de otros modelos europeos, la peculiar situación de España en el modelo productivo del polo imperialista faculta a la nueva legislación para contribuir al proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo por la vía de la generalización de las  prácticas no laborales.

El ciclo del capital, en una dinámica de acumulación cuantitativa y fortalecimiento cualitativo del ejército de reserva, formaliza unas prácticas no laborales y no becadas que vienen de manera efectiva a suplir todos los gastos de cotización y salario que necesitaría el burgués para costearse un trabajador asalariado. La permisividad, el amparo legal y sobre todo un tiempo muy dilatado de prácticas no remuneradas genera una cantidad de obreras que, básicamente, trabajan gratis para el patrón, a cambio de recibir un título por el que efectivamente ya han pagado (o queda por pagar). En definitiva: pagar para trabajar gratis.

Esto engarza con la situación que normalmente se vive una vez se acaba la Formación en el Centro de Trabajo (FCT). El empresario contacta con el trabajador recién licenciado, y opta por una de las dos vías posibles: la finalización de las prácticas constituye su salida de la empresa, o, en el “mejor” de los casos para la estudiante, dicha finalización genera un ofrecimiento contractual. De producirse el citado contrato, en la inmensa mayoría de los casos, viene a ser de una tipología por tiempo determinado o temporal (por circunstancias de la producción, obra y servicios, contrato en prácticas, etc…), el cual prolonga por un tiempo mayor la estancia de la joven en la empresa esta vez cobrando nómina. Y así el capital pone en marcha una rueda continua de obreras que, a través de la FCT y la temporalidad laboral, ahorran gastos al empresario mientras siguen generando altas cotas de plusvalor con las que escapar de las cada vez mayores dificultades para la valorización del capital.

Fuente: Juventudes.org