El Tribunal 11 de Juicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó este miércoles sentencia absolutoria para el extrabajador de Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, luego de 11 años de encarcelamiento sin pruebas en su contra, retardo procesal, violaciones al debido proceso,a sus derechos humanos y dejar a su familia sin medios de sustento.
Este hecho es considerado una victoria del movimiento popular obrero, tras una década de movilizaciones por su libertad. Al respecto, el Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera, saludó la liberación de Álvarez y también respaldó la solicitud de sus abogados de exigir una indemnización al Estado venezolano.
«Su valentía y tenacidad nos demuestra que estamos en la línea correcta: ¡luchar hasta vencer junto al pueblo trabajador!», declaró el también diputado por la Alternativa Popular Revolucionaria a la Asamblea Nacional.
Figuera afirmó a través de su cuenta en la red social Twitter que «El Estado venezolano tiene una deuda con Rodney, su familia y con tod@s l@s trabajador@s a los que les han violado sus derechos al judicializarlos sin pruebas y no respetar el debido proceso».
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), expresó a través de su cuenta oficial en esa red: «¡Al fin se hace justicia! La lucha perseverante da frutos. Ahora, el Estado debe compensar a Rodney y su familia por los más de 10 años de injustificada privación de libertad en un proceso plagado de vicios e irregularidades».
El abogado defensor de Rodney, Dr. Luis Aguilera, así como familiares y trabajadores solidarios con su caso, exigen una investigación profunda que devele al verdadero responsable del crimen que se le atribuyó sin pruebas, castigo a los culpables del asesinato en el que lo implicaron por razones políticas, reenganche a su puesto de trabajo en CVG Ferrominera Orinoco, además de la cancelación de 10 años y 10 meses de salario, cestaticket y las prestaciones correspondientes.
La libertad plena de Rodney Álvarez es una victoria que moraliza la lucha de las y los trabajadores por que están siendo criminalizados por defender reivindicaciones laborales: un salario vinculado a la canasta básica alimentaria, contratos justos, libertad sindical, denunciar corrupción de superiores.