CUT Colombia:
/* custom css */ .tdi_10_a0d, .tdi_10_a0d .tdc-columns{ min-height: 0; }.tdi_10_a0d, .tdi_10_a0d .tdc-columns{ display: block; }.tdi_10_a0d .tdc-columns{ width: 100%; } /* custom css */ .tdi_12_a0e{ vertical-align: baseline; }.tdi_12_a0e > .wpb_wrapper, .tdi_12_a0e > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_12_a0e > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_12_a0e > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } Comunicado del Comité Nacional Paro 30 de mayo de 2021 A 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el país, en las que las y los colombianos urgen la solución a las necesidades que nos aquejan y exigimos vías democráticas para ser escuchados, el gobierno nacional sigue haciéndose el de los oídos sordos. A la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en las calles. Se mantiene en silencio no solo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación, como forma razonable de abrir espacio a escuchar y resolver las justas razones de las movilizaciones. El gobierno nacional ha priorizado los discursos de odio y declaraciones estigmatizan tés y el tratamiento militar contra quienes ejercemos el legítimo derecho a la protesta. Los miles de detenidos, los cientos de heridos, de ellos 51 con lesiones oculares y los más de 70 personas asesinadas, 14 de ellas en la noche del viernes en Cali, por la policía y por personas vestidas de civil que acompañan a efectivos de policía, dan cuenta del horror desatado, inadmisible en cualquier Estado democrático. Igualmente, el Presidente de la República y el gobierno siguen guardando un silencio cómplice con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, el ESMAD, al igual que el ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales en contra de quienes ejercemos el derecho a la protesta. En los últimos dos días, la simulada voluntad de negociación del gobierno nacional, resultado de la contundencia de la protesta social y de la presión internacional, se desvaneció por completo, son múltiples y nítidas sus expresiones: el Ministro del Interior desautorizó a dos viceministros que habían ya firmado un acuerdo para aliviar el corte de vía en Buenaventura, en una alocución desde Cali el Presidente anuncia el más grande despliegue militar en el sur occidente, el Ministro de Justicia Wilson Ruiz, afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc., y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila señala en una entrevista que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación. El viernes al final de la noche el país conoce el decreto 575, que impone asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes. Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado. Al respecto son muy esclarecedoras las últimas declaraciones de la CIDH “Reitera las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna, y los estándares interamericanos que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”, y “Los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. El escalamiento de las medidas militares y policivas agravan la ya muy delicada situación de derechos humanos, se bloquea, se malogra y se desperdician los esfuerzos realizados para iniciar la negociación, prolongando innecesariamente y a altísimos costos, una solución, que en todo caso será a través de una negociación. Después de seis días, en la madrugada de hoy el gobierno nacional nos envió observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías de protesta que habíamos logrado cerrar después de 9 días de exploración y concertación el pasado lunes 24 de mayo. Con los “ajustes” el gobierno pretende que iniciemos de nuevo la discusión, saca temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del ESMAD, la apertura de un debate sobre la reforma de la Policía, el uso de instrumentos del acuerdo de…
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