Partido Comunista Ecuatoriano:

Posterior a las movilizaciones de noviembre 2021, el Gobierno de Guillermo Lasso ya anunció una política de soporte y apoyo para que las fuerzas de seguridad del Estado puedan emplear la fuerza para contrarrestar cualquier intento de “desestabilización”.  No es sorpresa la postura de Lasso al respecto, puesto que durante toda su vida política ha expresado, bajo el argumento de la firmeza, toda forma de justificación a la acción militar y policial contra la ciudadanía. Lo que resulta complejo es que, ahora en el poder, no solamente son pretensiones, sino que, de a poco, va convirtiéndose en realidad la reorganización de la fuerza pública hacia aparatos de represión.  Queda claro que, como dentro de los marcos de la corrección política no es posible anunciar un reestructura y reconceptualización del “uso progresivo de la fuerza” como herramienta para acallar las potenciales expresiones de descontento popular; acudir, en contubernio con los medios de comunicación, al encuadre mediático de la delincuencia y la intervención efectiva de las fuerzas de seguridad para la protección ciudadana se encuentran presentes, estos días, de forma recurrente para justificar una serie de intenciones del gobierno neoliberal. La exacerbación del sentimiento de inseguridad ciudadana es utilizado de forma maniquea por el gobierno nacional, no solo para justificar el retorno de las políticas de mano dura, sino que será, como se verá más adelante, el argumento para justificar una serie de iniciativas de carácter normativo, vía Asamblea Nacional y Consulta Popular, con los que se pretenda que sea una especie de populismo punitivo el que legitime una agenda velada de divorcio del estado de sus responsabilidad básicas respecto a l funcionamiento de las instituciones – estas si encargadas del funcionamiento del Estado de Derechos-. Se ha demostrado, históricamente, que las políticas de “mano dura” y el endurecimiento de los sistemas penales no solo que no han solucionado los problemas estructurales de sociedades que funcionan con base en el despojo y la alienación de las grandes mayorías, sino que han perpetuado esquemas de represión y castigo de miles de personas que cometen el delito de ser pobres. Mientras las cárceles se han convertido en tierra de nadie, la desinversión pública en su atención, la precaria condición de los centros de reclusión y ahora la pretendida eliminación del Consejo de la Judicatura no son más que la otra cara de la moneda: Un estado punitivo para los pobres a la par que…

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